La Justicia ordenó ayer al Gobierno porteño que prohiba el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires hasta que cumplan con el Código de Tránsito y Transporte, mientras la Asociación de Personal de Plataformas (APP) teme que “todo el peso de la ley caiga sobre los trabajadores”.

Desde la Secretaría de Transporte porteña confirmaron que apelarán la medida porque “busca prohibir la actividad de empresas de reparto y mensajería”. Y afirmó que recusará “por abuso de autoridad, parcialidad y prejuzgamiento”.

Las empresas de delivery afectadas por la resolución del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de Andrés Gallardo, son “Rappi”, “Glovo” y “Pedidos Ya”.

A requerimiento del juez Gallardo, la Policía de la Capital realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados que arrojó que el 77% circula con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeña tareas sin seguro alguno, y el 67% circula sin casco, según publica el portal de noticias del Consejo de la Magistratura judicial porteño.

Los repartidores de estas firmas no podrán volver a las calles hasta que no se garantice “que todos circulen utilizando casco”, que “la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda” del conductor, que posean “seguro de vida y accidentes”, “libreta sanitaria” y que los rodados “cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)”.

El juez Gallardo también ordenó que se diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de los repartidores hasta que se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño.

Consultados respecto a cómo se implementará dicho plan de contingencia, desde el Ministerio respondieron: “Tenemos permanentemente disponibles los programas y recursos para aquellas personas en situación de vulnerabilidad social”.

Juan Manuel Ottaviano, abogado de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), consideró “auspicioso que un fallo ponga blanco sobre negro respecto del incumplimiento de las normas laborales, tributarias y municipales de las plataformas”.

“Cada día recibimos decenas de denuncias de trabajadores que son parados en la calle como si fueran motochorros y deben pagar multas que deberían aplicarse a los empleadores”, contó Ottaviano. Y agregó que “el problema es que (los repartidores) no son considerados como empleados por las empresas”.

Fuente: El día

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