Mientras se aviva la disputa política en torno a las acciones contra el aumento al servicio de gas de red, los usuarios de La Costa, Dolores y Villa Gesell se debaten entre pagar o no las facturas que siguen llegando.

El 29 de septiembre pasado el Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla firmó la resolución en la que solicitaba: “Ordenar a las demandadas que durante ese plazo (60 días) se abstengan de hacer efectivo el nuevo cuadro tarifario derivado de las Resoluciones 226/2014 SE y 2844/2014 ENARGAS en cuanto determina un aumento de tarifas para los usuarios residenciales de gas de redes en la Municipalidad de La Costa, Dolores y Villa Gesell, como así también se abstengan de efectuar cortes en el suministro de gas motivado en la falta de pago de los importes correspondientes a dicho aumento”.

En efecto, los involucrados en la demanda caratulada “CEODECO (Centro de Orientación y Defensa del Consumidos) c/ Estado Nacional y otros s/Amparo Colectivo”, recomendaron a los vecinos usuarios de la red de gas que no paguen las facturas con el aumento y exijan una refacturación al 31 de marzo en la Compañía de Gas. Entre ellos se destacan los concejales Leandro Alonso y Marcos García, quienes se disputaron protagonismo en el tema pero coincidieron al aconsejar a los usuarios no pagar.

Mientras los usuarios reclaman porque las refacturaciones no se realizan, fuentes de la compañía de La Costa indican que en caso de que el usuario pague el servicio con el cuadro de marzo, de revertirse la medida cautelar y hacerse efectivo el aumento, deberá abonarlo junto con el consumo del mes en que entre en vigencia y el propio aumento aplicado.

Al respecto, la decisión del juez dice: “Esta medida deberá hacerse efectiva sin obstáculos burocráticos, pero cuando los usuarios puntualmente lo reclamen, donde se les hará saber que la no aplicación del nuevo cuadro tarifario responde a una medida cautelar dictada por el plazo indicado y que por sus características es provisoria y puede eventualmente ser dejada sin efecto”.

El juego político está planteado, la demanda sigue su curso en la justicia y ahora la decisión es de los usuarios, quienes abonan cada período sus facturas de servicios.

 

 

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