La Cámara Federal porteña apartó al juez federal Claudio Bonadio de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades de la empresa presidencial Hotesur, al hacer lugar a un pedido de nulidad planteado por uno de los imputados.
El fallo criticó duramente a Bonadío por haber utilizado a la Policía Metropolitana en operativos que se realizaron fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y no haber elegido para ello, a las fuerzas federales.
La resolución, que cuestiona severamente el proceder del juez en la causa, fue dictada por la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal con la firma de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, en disidencia Eduardo Farah.
La defensa de Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Kirchner, había planteado la nulidad de una medida ordenada por el juez relacionada con la convocatoria a contadores de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala I hizo lugar a la medida, y decidió que deberá sortearse un nuevo juez del fuero federal para continuar investigando el caso.
La defensa técnica de Mercado postuló la invalidación de la resolución de Bonadío del 13 de febrero del corriente año a través del cual el a quo dispuso librar oficio al Cuerpo de Perito Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se designe un equipo de especialistas para «colaborar en el análisis e investigación sobre aspectos técnicos en la materia».
El letrado sustentó su postura invocando una afectación al derecho de defensa en juicio de su asistida, que se habría generado a raíz de la omisión de Bonadío de dar cumplimiento a los artículos del código procesal que otorgan a las partes la posibilidad de recusar a los peritos designados para el caso y proponer tanto peritos de parte como puntos de pericia.
Luego los defensores de Lázaro Báez, también imputado en el caso, adhirieron al planteo.
Para el camarista Freiler la decisión de Bonadío «ha generado un grave menoscabo al derecho de defensa en juicio de sus pupilos, por lo que debe ser invalidado».
Para el magistrado se vulneró la facultad y el derecho que tienen las partes de controlar la tarea investigativa y ejercer la defensa en juicio.
«Llama la atención que mientras el Dr. Bonadío dilata la decisión vinculada con su competencia para continuar entendiendo en este sumario, ha ordenado la producción de una importante cantidad de medidas de prueba, que implican una injerencia en los derechos de las personas -nos referimos a las órdenes de presentación dirigidas a varias empresas privadas y a organismos oficiales-, que -otra vez- han tenido una inusitada repercusión en los medios masivos de comunicación», remarcó Freiler.
«No puede dejar de mencionarse, además, que el juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria-, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial», concluyó en forma categórica.
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