El Senado aprobó este miércoles por las noche un paquete de veinte decretos de necesidad y urgencia (DNU) durante la primera de las sesiones virtuales realizadas por el Congreso, en el marco de la pandemia de coronavirus, y con varios contrapuntos entre oficialismo y oposición sobre el impacto económico de la cuarentena y algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno.
En el debut de las sesiones virtuales como precaución por el coronavirus, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, optó por realizar una sola votación respecto al paquete de decretos y que después el prosecretario parlamentario, Juan Tunessi, leyera uno por uno los votos para dejar constancia del rechazo o abstención de Juntos por el Cambio a dos de los DNU.
De este modo, Juntos por el Cambio votó contra el DNU 313, que prohibió inicialmente el regreso de argentinos desde el extranjero, y se dividió entre votos afirmativos y abstenciones ante el 329, que suspendió los despidos, aunque la mayoría oficialista permitió la aprobación de ambos.
La sesión en el Senado tuvo una breve interrupción a las tres horas de iniciada a causa de un desperfecto técnico que duró unos 15 minutos y luego se retomó para dar lugar al tramo final de las exposiciones y la votación, donde la mayoría de los DNU fue aprobada por unanimidad de 71 votos, con dos excepciones.
El Senado ratificó que se cumplieron las garantías constitucionales gracias al voto unánime de los legisladores tras una sesión que duró alrededor de cinco horas y que mantuvo los cuidados por el coronavirus.
Aunque hubo algunos problemas de conexión promediando la transmisión de la primera de las sesiones virtuales en el Senado, los 71 legisladores lograron emitir su voto sin problemas y alrededor de 26 pudieron hacer uso de la palabra.
El gobierno de Alberto Fernández dictó decretos para establecer el aislamiento social; el congelamiento de las cuotas de alquileres y créditos; refuerzos de ayuda social para los sectores vulnerables; beneficios para las pymes, que les permiten afrontar el pago de los sueldos ante la caída de la actividad económica, entre otras cuestiones.
Los DNU atendieron también la ampliación de la Emergencia Pública en materia sanitaria por un año, la obligación de hacer cuarentena por 14 días a las personas que ingresan al país, la prohibición de cortar servicios públicos y de cerrar cuentas bancarias hasta el 30 de abril.
Además, ampliaron plazos para que las pymes puedan suscribirse a la moratoria para el pago de sus deudas y congelaron hasta septiembre las ejecuciones hipotecarias, así como las cuotas por alquileres y créditos hipotecarios.
El Gobierno también dispuso a través de un DNU el 31 de marzo y por espacio de 60 días la prohibición de despidos «sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo».
En esa línea, creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la Emergencia y el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
